Para "normalizar" la persecución que se ha producido desde el inicio de la crisis contra los inmigrantes, se prepara el más duro ataque contra las libertades de este sector de los trabajadores en España
El Consejo de Ministros acaba de remitir al Parlamento para su discusión el último texto de la reforma de la ley de extranjería. En nuestro país esta es la cuarta reforma en nueve años pero, sin lugar a dudas, es la más dura de nuestra historia. Una reforma que, por ejemplo, limita gravemente la reagrupación familiar y aumenta el periodo de retención "legal" en los Centros de Internamiento.
El objetivo del gobierno es aprobarla lo más rápidamente posible: espera conseguirlo para finales de año. El gobierno no oculta sus prisas, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho (el mismo que en cada intervención pública se esfuerza por asociar "crisis e inmigración") lleva varias reuniones con los portavoces de todos los grupos parlamentarios para conseguir un apoyo que garantice la reforma antes que acabe el año.
El texto que hoy se presenta al Parlamente ha sido objeto de varias modificaciones debido a las denuncias de organizaciones de derechos humanos y juristas. Por ejemplo, el texto original permitía la ampliación de la retención en los Centros de Internamiento de 40 a 60 días pero, además, dejaba abierta la posibilidad de detención hasta un año.
Por si esto fuera poco, el texto original convertía en delito darle ayuda a un inmigrante sin papeles. ONG´s y ciudadanos podían ser multados o ir a la cárcel por ayudar a un inmigrante irregular. El texto ha sido modificado pero en el apartado de "Infracciones" continúa señalando que se castigará con una "multa de hasta 10.000 euros a quienes promuevan la permanencia irregular de un extranjero después de haberle facilitado una carta de invitación para viajar a España". Por tanto, este punto sigue sin estar nada claro.
El texto ha sido modificado pero no sabemos cuántas "perlas" más de este tipo pretende "colar" el gobierno con esta reforma.
Esto en lo que hace referencia a la parte "oculta" de la reforma pero en lo que hace referencia a lo explícito, la cosa no mejora.
El gobierno presenta como una modificación positiva el hecho de que con la reforma las comunidades autónomas y ayuntamientos también tendrán competencias en materia de inmigración. Pero ¿por qué esto es positivo?
Por una parte, aumentará la ya impresionante burocracia en las tramitaciones de los permisos de trabajo y residencia. Por otra, permitirá que comunidades como la de Valencia impongan condiciones como el "certificado de ciudadanía" o la de Cataluña "certificados de bilingüismo" para obtener la residencia.
Trabas, medidas y normas reaccionarias de todo tipo que las Comunidades Autónomas podrán introducir para hacer más difícil aún conseguir "los papeles".
Por otra parte, el texto especificará que los extranjeros mayores de 18 años también tienen derecho a la educación y que las víctimas de violencia de género puedan denunciar su situación en lugares alternativos a las comisarías de policía. Son medidas efectivamente positivas pero ¿A cambio de qué?
El principal golpe a los inmigrantes contenido en la reforma es la de que posiblemente dejará cerrada la única vía de legalización para los inmigrante sin papeles: el permiso por arraigo que se puede solicitar después de estar tres años en España.
Sin esta salida más de un millón de inmigrantes sin papeles en España no podrán obtener un permiso de trabajo. Condenados a la superexplotación del mercado laboral en negro.
Este es el centro del centro de la reforma, el punto más duro y negro de todos los contenidos en la nueva ley y del que, por supuesto, no habla el gobierno.
A nadie se le escapa que este cambio de ley está en absoluta coherencia con la política de inmigración llevada adelante por Zapatero: cupos policiales para la detención de inmigrantes, multiplicación de detenciones en los Centros de Internamiento carcelarios, cada vez mayores trabas y dificultades para obtener el permiso de trabajo…etc.
Ahora, con la reforma, pretende convertir esta política de criminalización de los inmigrantes en ley escrita.
