Los agentes sociales están ya en el tiempo de descuento. El Gobierno quiere una reforma laboral a finales de mayo (sólo quedan seis días para que acabe el mes) y ya ha dejado claro que si no hay acuerdo en el marco del diálogo social la sacará adelante por decreto. Sin embargo, los expertos no son muy optimistas y mantienen que con pacto o sin él la reforma no tendrá la profundidad que se está exigiendo desde organismos internacionales como el FMI ni la que necesita el mercado de trabajo español (con una tasa de paro por encima del 20%).
Florentino Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo y director de la Cátedra de Capital Humano y Empleo Fedea-Santander, opina que si la reforma se queda en lo que ahora está sobre la mesa será "ampliamente insuficiente".
"Bruselas y el FMI han dejado bien claro lo que entienden por una reforma laboral en España y un contrato de 33 días no es bastante. Va a ser una reforma light con mucho marketing para tratar de cumplir y convencer a nuestros socios y a los mercados, pero no va a resolver los problemas del mercado laboral español", añade Felgueroso.
Juan José Dolado, profesor de Economía de la Universidad Carlos III, tampoco es demasiado optimista. "No espero una reforma muy profunda ni grandes sorpresas". Estos expertos coinciden en que posiblemente en un año estemos otra vez hablando de la necesidad de una reforma laboral seria.
Para Salvador del Rey, Socio y Presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas y Catedrático de Derecho del Trabajo, sin embargo, ya no hay tiempo de titubeos. "España, con un paro tan elevado, tiene un problema de credibilidad y necesita una reforma urgente y profunda. La pasividad supone un mensaje muy negativo. Hay que establecer los medios legales para poder encauzar la evolución del mercado laboral", explica Del Rey.
Así se ha desarrollado la negociación
En lo que va de año el Ejecutivo ha presentado dos propuestas marcando las líneas, que a su juicio, debería seguir la reforma laboral. El primer documento se presentó en febrero y el segundo en abril. Éste último dejaba fuera algunos aspectos ya planteados a principios de año e incluía novedades y detalles. Ahora, tras el proceso de negociación con patronal y sindicatos habrá que ver en qué queda una reforma que lleva madurándose más de dos años (con varias interrupciones). Más aún, si a este proceso se suman las tensiones que ha añadido el plan de ajuste presentado por el Gobierno, sobre todo, en el seno sindical y el condicionante de que no se puede aumentar el gasto público.
Ahora se introduce la exigencia de austeridad
Esta última fase de la negociación está muy marcada por la limitación del gasto. El Ejecutivo tiene puesto el foco en reducir el déficit y, por lo tanto, no parece que haya mucho margen para incluir en el paquete medidas para contentar a los agentes sociales porque la gran mayoría suponen más gasto.
Por ejemplo, CEOE parece haber renunciado ya a la rebaja de las cotizaciones, su principal reclamación en el proceso de diálogo social. El Ejecutivo se llegó a plantear rebajar dos puntos las cotizaciones, pero semanas después lo descartaban porque eso supondría menos ingresos públicos.
Respecto a los sindicatos, los expertos creen que la única compensación posible es introducir el carácter transitorio en las medidas más polémicas como pudiera ser una posible rebaja del coste del despido extendiendo el contrato de 33 días.
Calendario y cálculo político
La fecha en la que se espera vea a la luz la reforma laboral, a principios de junio, le interesa tanto al Gobierno como a los sindicatos.
Al Ejecutivo le beneficia porque es precisamente en junio cuando la Comisión Europea dará conocer su evaluación del plan de ajuste español y explicará si España necesita medidas adicionales. Concretamente, el dictamen se presentará a los ministros europeos los días 7 y 8 de junio, cuando se celebren las próximas reuniones del Eurogrupo y del Ecofin previstas en Luxemburgo. Así, en los días previos la presentación de una reforma laboral podría suponer un buen golpe de efecto.
Por otra parte, también les interesa a los sindicatos "porque no tienen fuerza real para convocar una huelga general y aprovecharán la huelga de empleados públicos en la que tendrán más respaldo (este colectivo tiene una afiliación sindical del 36% frente al 18% del sector privado) para mezclar los dos temas: el recorte salarial de los funcionarios y la reforma laboral", comenta Felgueroso.
La propuesta estrella
En el último documento presentado por el Gobierno en abril se proponía extender el contrato de fomento del empleo, con una indemnización por despido de 33 días (en lugar de los 45 días actuales). Y ésta parece ser la principal medida puesta sobre la mesa en estos momentos.
Esta modalidad de contrato se introdujo en 1997 y no ha triunfado demasiado. Por ejemplo, esta categoría durante la época de expansión representaba un tercio de los contratos indefinidos y en 2009 sólo el 17%. Los expertos atribuyen esta baja aceptación a la inseguridad jurídica que este contrato implicaba para los empresarios. Sobre todo, porque requiere un preaviso de un mes, se debe especificar las causas de despido y el trabajador puede recurrir en los tribunales para conseguir una indemnización más amplia. El resultado puede ser un proceso bastante largo, mientras que si el empresario opta por un despido improcedente y paga 45 días (lo máximo) no hay dilación y le resulta más ágil.
Para Felgueroso, "la extensión del contrato de 33 días resulta bastante light, puede que no sea suficiente y que no resuelva la dualidad existente en el mercado laboral (entre trabajadores fijos muy protegidos y los temporales en condiciones precarias). No se va a suprimir la elevada tasa de temporalidad (24,4% en el primer trimestre)". Una dualidad que explica en gran parte la facilidad con la que se ha destruido empleo en España al no renovarse simplemente los contratos temporales.
Otra gran duda que surge alrededor de este contrato es cómo se realizará su extensión, si será universal o sólo a algunos colectivos restringidos. En este aspecto, para Dolado, "lo más factible es que se amplíe para grupos específicos como ya se hizo en su creación [ahora mismo ya está destinado para parados de larga duración, jóvenes, mujeres y discapacitados] porque si no se produciría un problema constitucional. Es incompatible que conviviese con el de 45 días en igualdad de condiciones, porque no puede haber contratos con la misma naturaleza".
Otras medidas
Esta por ver en qué quedan otras propuestas como la incorporación en España del modelo austriaco que sustituye la indemnización por despido por un fondo que acumula cada trabajador a lo largo de su vida laboral y que financian las empresas independientemente de que se realicen despidos. Esta medida parece perder fuerza porque supondría un sobre coste para las compañías y se podría ejecutar a cambio, por ejemplo, de un recorte en las cotizaciones sociales. Pero esto supondría menos ingresos públicos y no parece lo más factible en este momento de ajuste.
Otro aspecto que está por definir es el impulso al trabajo a tiempo parcial (modelo alemán) para tratar de sostener el empleo. Además, el documento ponía énfasis en el fomento del empleo de los jóvenes y en la entrada en la intermediación laboral de agentes privados como las ETT para que trabajen junto a los Servicios Públicos de Empleo.
Cosas importantes que se quedarían fuera
La negociación colectiva se ha dejado fuera de la reforma laboral y se ha quedado pendiente para el otoño. La idea inicial en la propuesta de febrero era modificar la estructura de la negociación colectiva para simplificarla. En estos momentos, se superponen varios ámbitos de negociación (central, autonómico, sectorial y en el seno de las empresas), pero esto "parece que no se vaya a tocar", explica Felgueroso.
Para Dolado, está claro porque se ha postergado. "La negociación colectiva no se va a tocar porque de ella depende mucha gente. En el caso de la patronal tienen más de 30.000 asesores en despachos de abogados y en el de los sindicatos más de 40.000 y ninguno está dispuesto a perder", explica.
Igualmente, la flexibilidad interna en las empresas para poder adaptarse a las circunstancias se ha dejado para septiembre también, según el documento de abril. Este aspecto es clave porque la rigidez que existe en cuanto a salarios, a movilidad de los trabajadores y al cambio de funciones ha sido muy criticado por los organismos internacionales, que han visto en estas limitaciones una de las causas por las que las compañías han optado por el despido como única forma de flexibilidad ante la crisis.
Otro punto importante que no se mencionaba en la propuesta de abril era la necesidad de actuar sobre un colectivo muy sensible, los parados de larga duración (llevan más de un año en paro). "Cada vez hay más parados de larga duración y en la propuesta del Gobierno no se hacía mucha alusión a este colectivo ni se planteaba un plan de formación y reciclaje ambicioso para reengancharlos al mercado de trabajo y esto es muy importante", añade Felgueroso. Concretamente, en el primer trimestre había casi 1,8 millones de personas en esta situación (un 39% de los parados).
