Mientras toda la clase política anda enredada a estas horas dilucidando quién ganó el debate sobre el estado de la nación, si Zapatero o Rajoy; para un millón y medio de españoles, parados a los que se les ha agotado la prestación por desempleo, el único debate posible es de qué recursos van a disponer mañana ellos y sus familias. Pero de esto, a excepción de un par de grupos minoritarios, nadie dijo una palabra a lo largo de 48 horas. Ni Zapatero anunció medida alguna, ni Rajoy se la exigió.
Cuando a finales de octubre del pasado año el sistema financiero español estuvo a punto de entrar en un colapso sistémico, al gobierno Zapatero le faltó tiempo para convocar a los máximos dirigentes de la banca, trabajar día y noche con ellos hasta encontrar una alternativa y, finalmente, poner 240.000 millones de euros a su disposición.
Suma a la que ahora se habla de añadir un fondo de otros 90.000 millones para hacer frente a la situación de cajas y bancos insolventes y a punto de quebrar. En total, 330.000 millones de euros de dinero público (lo que equivale a una tercera parte de todo el PIB español y son 55 billones de las antiguas pesetas) para resolver los problemas de una banca que ha hecho su agosto con la burbuja inmobiliaria, multiplicando sus beneficios y expandiéndose por el mundo mientras endeudaba al país y a sus ciudadanos. Y que todavía después, cuando una vez estallada la crisis le surgen los problemas, acude al dinero de todos para seguir manteniendo sus indecentes niveles de beneficios.
Unos meses después, cerca de un millón y medio de trabajadores españoles –la mayoría de los cuales han estado trabajando todos estos años por sueldos que difícilmente llegaban a los 1.000 euros mensuales y endeudándose con esos mismos bancos– han entrado en una situación de insolvencia absoluta, al habérseles terminado el derecho a recibir la prestación por desempleo, y no tener perspectiva alguna de encontrar trabajo previsiblemente en los próximos dos o tres años.
Lo que ya es un drama individual está en puertas de convertirse en una infamia política y en una afrenta social.
En los días previos al debate del estado de la nación, el propio gobierno había filtrado que estaba estudiando algún tipo de medida para remediar esta situación. Sin embargo, de la batería de medidas anunciadas por Zapatero durante el debate había desaparecido cualquier propuesta, ni siquiera una mención. Las razones, filtradas nuevamente por el gobierno, son "el excesivo coste" de alargar la prestación por desempleo a tanta gente y "la necesidad de llegar a un acuerdo con los agentes sociales" para tomar una medida así.
¿Excesivo coste? Al gobierno le parece un coste excesivo alargar la mísera prestación por desempleo de 421 euros mensuales, pero regalar a la banca 330.000 millones de euros lo considera prudente y adecuado ¿Qué "acuerdo entre los agentes sociales" hubo para aprobar el plan de rescate bancario? ¿A quién se preguntó, con quién se consultó, dónde y cómo se aprobó?
Aprobar una prestación para el millón y medio de parados de larga duración –y no de 421 miserables euros como ahora, sino del doble, 850 euros– significaría un gasto mensual de 1.275 millones de euros, 15.300 millones de euros al año. Sólo con el dinero del rescate bancario habría para estar pagando un subsidio así durante... ¡más de 21 años!
Pero, como es lógico, no se trata de esto. Ni la economía nacional ni la dignidad de los trabajadores puede contemplar esto como una perspectiva buena ni deseable. Esta es una medida urgente para una situación excepcional.
Sin embargo sería una medida inútil si no va acompañada de un plan de conjunto, de un diseño integral para que la economía española salga de la crisis y acabe con el paro cambiando su modelo de crecimiento, desarrollando nuevos sectores productivos capaces de competir en la economía global.
Como venimos repitiendo en estas páginas e insistimos en nuestro programa a las elecciones europeas, España ha de empezar a levantar su propio modelo de desarrollo alternativo, productivamente eficiente, económicamente competitivo, y social y ecológicamente sostenible.
Orientando su crecimiento económico y su sistema productivo hacia el desarrollo de fuentes de energía renovables alternativas al petróleo, abriéndose camino, tomando la delantera y ocupando un papel destacado en uno de los mercados más cualitativos del futuro y por el que inevitablemente están abocadas a transitar todas las economías del planeta. Formar a la fuerza de trabajo especializada capaz de abordar un reto así es una de las tareas pendientes. Y es la alternativa que debería contemplarse asociada con esta prolongación y ampliación del subsidio de desempleo.
Reciclar y formar a los parados de larga duración, hacerlo en la dirección en que debe orientarse el nuevo modelo productivo. Y cubrir sus necesidades económicas mientras dure el proceso de formación, capacitación y reciclaje profesional hasta que encuentren un trabajo digno. Este es el tipo de alternativa que necesita el país. Esto es lo que los trabajadores españoles deben exigir. Esto es lo que los sindicatos deberían reclamar. Y de esto es de lo que no se dijo nada en el debate del estado de la nación.
