La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía imparte dos cursos simultáneos con un solo alumno cada uno

 
P.D.- Quién dijo que hay crisis en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía –ESPA-, donde hace un año y como consecuencia de una denuncia en los medios de comunicación, hubo de suspenderse en Cádiz la clausura de un curso donde los agentes graduados se alojaban en hoteles de cuatro estrellas, a pensión completa, y donde no se escatimaban recursos para el autobombo de los regidores de la ESPA y de la Consejería de Gobernación.
 
De nuevo sorprende que en época de tanta crisis y restricción del gasto público, la ESPA realice un considerable derroche impartiendo un mismo curso, en dos ediciones simultáneas, para un único alumno en cada una de ellas.
 
Mayor sorpresa cabe aún si se sabe que en los presupuestos generales de esta escuela que la Junta de Andalucía tiene para formar a policías locales y los cuerpos de bomberos de la comunidad, ha sufrido un recorte económico en este primer semestre de 2011 de unos 465.000 euros, con respecto a lo inicialmente asignado para dar formación y ya librado por la Consejería de Hacienda; cantidad que la Consejería de Gobernación y Justicia le ha retirado a la Escuela de Seguridad para utilizarla en otras aplicaciones presupuestarias que considera más urgentes y prioritarias que la de formar en seguridad a bomberos y policías andaluces.
 
A pesar de esta penuria económica, la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta andaluza ha comisionado la impartición simultánea de dos cursos de capacitación de la escala técnica de la Policía Local, uno en la Escuela Municipal de Policía de Cádiz y otro igual en la Escuela Municipal de Policía de Málaga –ESPAM-, donde tan solo asiste un solo alumno en cada curso; en vez de unir a ambos alumnos en un grupo solo, como la más elemental lógica y eficiencia dictan.
 
Estos cursos están dirigidos a validar el ascenso de directivos en la organización policial tras superar la correspondiente oposición en sus ayuntamientos y es una formación de gran especialización y especificidad, pero no se entiende que habiendo crisis ambos cursos se celebren en las mismas fechas, de final de mayo a final de julio, pero el primero para el jefe del cuerpo de Policía de San Fernando y el segundo para otro mando policial de Benalmádena.
 
El costo de un curso selectivo de estas características es muy elevado, teniendo en cuenta su duración de más de 200 horas y lo especializado de los profesores y tutores que dan clase a estos mandos policiales. Además, las escuelas donde se imparten han de percibir una considerable compensación económica de la ESPA por la cesión en uso de sus instalaciones durante los dos meses de la actividad.
 
Para completar el abanico de sorpresas y dislates, hay que remarcar que mientras se pagan cursos duplicados fuera de las instalaciones de la ESPA, las aulas en la sede Aznalcázar (Sevilla) están casi vacías debido a que la misma crisis económica hace que no haya opositores a Policía Local, así como las restricciones de cursos que la escuela viene sufriendo a causa del recorte económico impuesto por la Dirección General de Interior. Esto es, por un lado recortan y por otro se dilapida duplicando cursos con un solo alumno.
Por último, fuentes consultadas aventuran que tan generosa impartición de cursos, coincidiendo con la debacle socialista en las elecciones municipales, pudiera deberse a que la actual directora de la escuela, Reyes Pro, y el jefe de formación, Isidoro Beneroso, hayan propuesto a la Dirección General de Interior el que se comisionen tales cursos, casualmente, en escuelas policiales de ciudades donde gobierna el PP desde hace tiempo y donde nunca hubo celebración de este tipo de formación, todo ello como forma de allanar el camino por si tras las elecciones autonómicas se produjera un cambio en el partido que sustenta al gobierno andaluz.
 

 

Los ERE en Andalucía suben un 12% en los cuatro primeros meses del año

 
El número de expedientes de regulación de empleo autorizados en Andalucía asciende en el primer cuatrimestre de 2011 a 531 ERE, lo que supone un aumento del 12 por ciento, en relación con el mismo período de 2010 (474), según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
 
Estos datos apuntan que, además del aumento de expedientes, los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo aumentaron un 4,8 por ciento, hasta alcanzar en los cuatro primeros meses del año los 6.414 trabajadores, frente a los 6.120 empleados afectados por expedientes en enero, febrero, marzo y abril de 2010.
 
De esta forma, Andalucía es la cuarta comunidad española por número de expedientes, siendo superada por Cataluña (1.232), Comunidad Valenciana (1.077) y País Vasco (551).
 
Además, ha sido la séptima comunidad por número de trabajadores afectados, siendo superada por Cataluña (16.720), Madrid (15.230), Galicia (12.394), Comunidad Valenciana (12.147), País Vasco (7.742) y Castilla y León (6.996).
 
Según los datos del Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio, de los 6.414 trabajadores afectados en Andalucía, 2.948 se vieron afectados por la suspensión temporal de su contrato, un 32,2 por ciento menos que en el año anterior (4.350).
 
Un total de 1.980 trabajadores se vieron afectados por un expediente de extinción, un 64,3 por ciento más que en enero, febrero, marzo y abril de 2010 (1.205), y 1.486 por medidas de reducción de jornada, una modalidad de expediente que en los cuatro primeros meses de 2011 sube un 163 por ciento en relación con enero, febrero, marzo y abril de 2010 (565).
 
Por provincias, en los cuatro primeros meses de 2011 se vieron 1.679 trabajadores afectados en Sevilla, 1.033 en Málaga , 850 en Córdoba, 806 en Cádiz y 679 en Jaén. Además los expedientes registrados en Granada afectaron a 597 trabajadores; hubo 388 trabajadores afectados en Huelva, y 382 en Almería.

 
 

La teoría económica del 15-M

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC.  
Las clases dominantes y sus intelectuales orgánicos (la mayoría de los economistas) poseen una capacidad ilimitada para manipular la realidad y transformar los ataques dirigidos a destruir sus privilegios en castillos para su defensa. Así está ocurriendo con la crisis económica actual. Cuando parecía evidente que esta dejaba al descubierto las deficiencias de la ortodoxia imperante y la necesidad, por tanto, de replantearse los dogmas y fundamentos del sistema ("refundar el capitalismo", llegó a decir Sarkozy), lejos de eso, el sistema se enroca más y más y avanza en la línea más dura. No son los dogmas del neoliberalismo económico los que se están revisando sino que, muy al contrario, se dan dos o tres vueltas más de tuerca para la destrucción del Estado social.
 
Un peligro parecido amenaza al movimiento 15-M. En el diario El País (suplemento de Negocios) del pasado domingo 3 junio se publicó un artículo titulado "La teoría económica del 15-M". Don Ángel Ubide, que firma como investigador visitante del Peterson Institute for International Economics en Washington, nos ofrece una interpretación del movimiento la mar de original. Comienza poniendo como uno de los mayores ejemplos de hipocresía la famosa frase del capitán Renault en la película de Casablanca, "Estoy sorprendido, sorprendido al descubrir que se juega en este local", y a este tartufismo equipara la actitud de los que se han sorprendido de la indignación mostrada en las principales ciudades de este país por los manifestantes del 15-M. Hasta aquí todo correcto.
 
El problema surge cuando comienza a explicar las razones de la protesta, porque me temo que es precisamente su artículo el que puede equipararse a la postura mostrada por el capitán Renault. La mayoría, por no decir la totalidad, de los que estos días se han manifestado rechazarían de plano los planteamientos del señor Ubide. Comienza reduciendo la contestación a un movimiento juvenil, cuando en él han participado personas de todas las edades; y si es verdad que, en proporción, ha sido mayor el número de jóvenes, especialmente según iban transcurriendo los días, se debe tan solo a que en líneas generales se encuentran más libres y son más proclives a este tipo de actuaciones. No obstante, la simpatía que mayoritariamente han despertado en la sociedad muestra bien a las claras que sus demandas eran generales y que muchos (de todas las edades) de los que estaban ausentes de la Puerta del Sol o de la Plaza de Cataluña se sentían representados en sus reivindicaciones por los que allí se concentraban.
 
Para el señor Ubide todo el problema radica en una gran injusticia intergeneracional, ya que los culpables de que el paro juvenil alcance casi el 50 por ciento son los trabajadores que aún continúan empleados. Los cinco millones de parados deberían repartirse de forma más equitativa entre todas las edades. Son curiosas las artimañas que en la actualidad nos inventamos para encubrir los enfrentamientos entre las clases sociales. En su lugar, manejamos la lucha de sexos, de regiones o incluso entre los distintos grupos de trabajadores. Así se hace pasar a los empleados públicos por privilegiados y se les enfrenta a los del sector privado. Se contraponen los intereses de los parados a los de los ocupados. Este fue el argumento que en su día se utilizó para flexibilizar el mercado laboral creando más y más tipos diferentes de contratos temporales. Desde hace algunos años, se pretende enfrentar a los trabajadores temporales con los indefinidos propagando la tesis de que la causa de la precariedad se encuentra en la elevada indemnización por despido.
 
Para el señor Ubide la protesta del 15-M no es contra una democracia fantasmagórica, convertida en farsa, ni por una fraudulenta ley electoral. Los indignados, en su opinión, no están en contra de la libre circulación de capitales que convierte a los mercados (léase los dueños del dinero) en dictadores y tiranos de la sociedad. No se protesta por la burbuja inmobiliaria, ni por la actuación de las entidades financieras, ni por las hipotecas, ni por los recortes sociales, ni por la injusta distribución de la renta. La causa de la protesta hay que buscarla en un mercado laboral excesivamente rígido y con altos costes salariales.
 
Según el señor investigador visitante, estos chicos tienen razón. Hay que dar respuesta a las reivindicaciones del 15-M. Para él la solución es clara: flexibilicemos (desregularicemos) aún más el mercado laboral, abaratemos de nuevo el despido, creemos un tipo único de contrato, es decir, convirtamos todos los contratos en temporales. Hay que reducir aún más los salarios y para ello nada mejor que ir a convenios de empresa y eliminar la llamada ultra actividad de estos, algo tan extraño y deplorable como pretender que si no se firma un nuevo acuerdo permanezcan los anteriores. ¡Qué normativa más injusta! Con lo bien que les vendría a los empresarios que tan solo con plantarse y no firmar ningún nuevo convenio desapareciese todo lo anteriormente pactado y los trabajadores quedasen en la cuerda floja.
 
Supongo que la mayoría de los miembros y manifestantes del 15-M no habrán leído el interesante artículo del señor Ubide. Menos mal, porque si no a más de uno le habría dado un infarto. No es fácil superar el récord conseguido en retorcer la realidad, convertir el 15-M en una proclama de las reivindicaciones empresariales. ¡Qué asesor ha perdido Luis XVI! De haber vivido en esa época el señor Ubide hubiese transformado la Revolución Francesa en una manifestación a favor de la monarquía.

Primera medida activa contra la crisis

 

 

El Sindicato OLT, esta ofertando a las empresas, industrias y principalmente al sector productivo la posibilidad de cambiar sus contratos de suministro actuales por los de otra comercializadora del mercado libre eléctrico para reducir sus costes en mas de un 70% de los actuales.

 

La reducción de estos costes supondría un aumento de la rentabilidad empresarial y la posibilidad de ser mas competitivos, además de ser posible el crecimiento económico y la generación de empleo.

 

La gestión se hace a través del Propio sindicato (www.olt.pctr.es) o bien a través de la empresa comercializadora (www.ipostar.es) por lo que los miembros del sindicato (empresas o trabajadores) que lo soliciten tendrán unas condiciones mas beneficiosas de las que obtendrían directamente en la empresa, ya que serían empresas que se dedicarían a la promoción del empleo y de la sostenibilidad.

 

La gestión a través del Sindicato reduce las Garantías a aportar ya que las gestiones se hacen en conjunto con diversas empresas para reducir los costes globales.

 

El trámite es muy simple y solo es cambiar el proceso de contratación eléctrica, esto es, cambiar el comercializador tal y como se garantiza en la Ley, además de los pactos técnicos y privados que se llevan con la empresa comercializadora y con el sindicato.

 

En la Web de la compañía IPOSTAR, se puede obtener la información y proceder a la contratación del producto que mas se asemeja a las necesidades de cada cliente.

 

Las previsiones, son que las principales empresas industriales, y medianas empresas, puedan generar empleo por medio de la reducción de costes y aumento de rentabilidad en sus cuentas desde el primer día.

 

La idea principal del sindicato es la apuesta por el Cambio de modelo económico y la exclusión del petróleo en los próximos años, con lo que la energía generada no supone obtención de subvenciones, pago de combustibles al exterior y dedicación de la misma energía a procesos productivos internos antes que exportar el modelo a terceros países.

 

La apuesta por estas energías supone a la larga una mejora de las cuentas del Estado y obliga a una reestructuración del sector eléctrico urgente, corrigiendo los excesos producidos por malas gestiones gubernamentales y por decisiones que no han llegado a los puertos adecuado.

 

Supone un cambio en el modelo económico y un principio de diseño efectivo en la Política energética del País.